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Cheque vivienda

La Comunidad de Madrid está denegando el CHEQUE VIVIENDA desde 2012 a solicitudes tramitadas con anterioridad a la ley que derogaba  estas subvenciones.

En Velasco y Asociados, hemos preparado una estrategia de reclamación del CHEQUE VIVIENDA, a las que ya están incorporados muchos afectados, cuyo objetivo es reducir los costes de la misma.

ANTECEDENTES
1. En el año 2005, la Comunidad de Madrid aprobó el decreto 12/2005, por el que se regulaban las ayudas económicas a la vivienda, concediendo una subvención para los adquirentes de Viviendas de Protección Pública que cumpliesen con los requisitos de índole económico que el mismo Decreto establecía.
2. En cumplimiento de dicho Decreto, numerosos ciudadanos procedieron a efectuar su solicitud aportando toda la documentación acreditativa de su derecho a percibir la subvención.
3. El plazo legal para resolver la solicitud por parte de la administración era de seis meses. Aunque a algunos de los solicitantes les fue concedida la subvención, la mayor parte de ellos se encontraron con que sus peticiones de información eran invariablemente respondidas con un “se está tramitando”.
4. En julio de 2012, la Comunidad de Madrid, sin haberse pronunciado aún sobre la mayoría de las solicitudes efectuadas, publicó la Ley 4/2012, que dispone que a partir de su entrada en vigor “no podrán reconocerse las ayudas económicas establecidas en el Decreto 12/2005”. Desde entonces, numerosos solicitantes han recibido cartas por las que se les niega su derecho a la subvención.

¿TENGO DERECHO A RECLAMAR?
En Velasco y Asociados hemos efectuado un profundo análisis de los antecedentes, de la jurisprudencia y de la legislación aplicable y hemos llegado a la conclusión de que, cuando la Administración regula y hace pública una convocatoria de subvenciones, el particular que ha solicitado la subvención en la forma y plazo exigidos, tiene derecho a obtener la subvención (el reconocimiento efectivo de la ayuda sólo devendrá con la concesión) siempre que cumpla las condiciones en ella establecidas, y por tanto, si la Administración, tras regularla y convocarla, la altera, está en buena medida revocando un acto declarativo de derechos y al tiempo está afectando a los interesados que la habían solicitado y que tenían derecho, no mera expectativa, a obtener la subvención si cumplían las condiciones y requisitos por la Administración señalados.

Todas las solicitudes de subvención presentadas, que cumplan los requisitos que se exijan en las bases, gozan del mismo derecho a la concesión, siendo precisamente el criterio de prelación entre solicitudes, que no es otro que el orden de entrada o registro por disponerlo así las Bases reguladoras, lo que determina a quién se concede la subvención y a quién no. Esto, a nuestro juicio, en el caso que nos ocupa, implica una vulneración del derecho de igualdad en aplicación de la Ley (art. 14 CE), ya que la entrada en vigor de una Ley no puede ser justificación para que la Administración depare un peor tratamiento a solicitantes que se encuentran en idéntica situación que otros y que se verían perjudicados, de un lado, por la inactividad administrativa, retrasando la resolución de sus expedientes más allá de lo razonable, y de otro, por haberse otorgado las subvenciones de manera arbitraria al no haberse respetado los criterios de selección establecidos en las Bases.

Asimismo, tanto el procedimiento de concesión, como la forma de resolución de la concesión, han de fijarse en las bases reguladoras por exigirlo así, tanto la Ley General de Subvenciones (artículos 22, 23.2.l) y 24.3.b)), como la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de subvenciones de la Comunidad de Madrid (artículos 4.2 y 6.2.g)). En este sentido, un requisito esencial en cualquier procedimiento de concesión de una subvención es determinar en las bases que la regulan los criterios de valoración que permitan establecer una prelación entre las solicitudes que se presentan, imprescindible para garantizar los derechos de los administrados, que han de poder conocer los criterios de valoración en función de los cuales se evalúen las solicitudes, ya que en otro caso la elección de quién resulte ser beneficiario en cada caso quedaría al exclusivo arbitrio de la Administración concedente. Y esto es inadmisible, porque de existir la pura discrecionalidad en las subvenciones, habríamos de plantearnos si es posible disponer a capricho de los caudales públicos, prescindiendo del conjunto de garantías establecidas.

Además, las órdenes de archivo de las solicitudes de subvención, al no seguirse el procedimiento previsto para su concesión, contravienen lo establecido tanto en las Bases, como en las leyes (Ley General de Subvenciones y Ley 2/1995, de 8 de marzo, de subvenciones de la Comunidad de Madrid), y en la medida en que la Administración ha procedido, sin más, a ordenar el archivo de las solicitudes de subvención, sin considerar soluciones alternativas, se incumple directamente la normativa existente en la materia.

Por todo ello, ponemos todo nuestro empeño profesional para que a nuestros clientes les sea reconocido su derecho al cheque-vivienda.

¿QUÉ PLAZO TENGO PARA RECLAMAR?
El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo ante los Órganos Judiciales es de dos meses desde la recepción de la carta por la que nos informaron de que no nos concedían la subvención. También cabe la interposición del recurso potestativo de reposición, frente a la propia Administración, en el plazo de un mes desde la recepción de la carta. La única ventaja de interponer el recurso de reposición es que si la Administración no contestase en plazo (un mes), ello supondría una excepción a la obligación del abono de la tasa judicial a la hora de acudir posteriormente al contencioso.

¿QUE NECESITO PARA QUE RECLAMEN EN MI NOMBRE?
Para iniciar los trámites de la reclamación, necesitamos:
a) Una hoja de encargo profesional que le será remitida por nuestro despacho para su firma.
b) Documentación relativa al caso: solicitud, denegación de la subvención y recurso de reposición si ya se hubiere interpuesto.
c) Poder notarial para pleitos, que podrá ser otorgado conjuntamente por varios afectados.

¿CUÁL ES EL COSTE DEL PROCEDIMIENTO?
a) Honorarios del abogado: En Velasco y Asociados hemos establecido unas tarifas por tramos, dependiendo del número de reclamaciones que formen cada demanda contenciosa:
– De 1 a 4 personas: 363 euros
– De 5 a 9 personas: 350 euros
– De 10 a 14 personas: 300 euros
– De 15 a 19 personas: 275 euros
– De 20 a 29 personas: 250 euros
– De 30 en adelante: 225 euros

Los anteriores honorarios se aplican a cada uno de los demandantes e incluyen ya el IVA. Eso supone el coste total del letrado hasta la obtención de sentencia, pues no percibimos porcentajes de lo que obtenga el cliente al final del proceso.
b) Tasas judiciales y procurador: la reciente Ley de tasas obliga a abonar un mínimo de 300 euros por cada demanda, más una cuantía variable en función de la cantidad que se reclame. Asimismo, hay que contratar un procurador, cuyo importe rondaría los 350 euros. Por eso, en Velasco y Asociados efectuamos demandas conjuntas, a fin de que el importe de las tasas y el procurador se divida entre todos los demandantes. Cuantos más afectados se sumen, más económico resulta el pleito.
c) Poder notarial: El coste de un poder para pleitos oscila entre los 35 y los 50 euros, dependiendo de la notaría. También puede ser otorgado conjuntamente por varios reclamantes para repartir los costes.

Orden de Archivo de solicitud de Cheque Vivienda de la Comunidad de Madrid.

 

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